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La unanimidad, se va a acabar

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La unanimidad, se va a acabar

Todas las decisiones que se adopten en las comunidades de propietarios dejarán de exigir unanimidad, ese ha sido unos de los anuncios realizados por la secretaría de Estado de Turismo, Isabel Oliver, que deslizaba la posibilidad de que pudiera valer la mayoría simple. La propuesta, expuesta a representantes de las comunidades autónomas, y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), busca cambiar el requisito de la unanimidad actual, que quedará fijado a las tres quintas partes de los propietarios.

“Todas las comunidades autónomas tienen interés en poder cambiar la mayoría necesaria en estas cuestiones (decidir si se puede destinar a alquiler turístico una vivienda) y de cualquier otro tipo, como poner portero o no poner. En esto hay unanimidad”, explicaba Oliver en una rueda de prensa.

Si la reforma saliera adelante en el Parlamento permitiría a los vecinos plantear modificaciones de los estatutos de las comunidades de propietarios para prohibir que haya alquileres turísticos en su edificio, algo que actualmente solo puede conseguirse por unanimidad, y entonces el arrendador lo bloquea.

“El Gobierno no va a decir si se puede alquilar una vivienda entera o por habitaciones, pero haremos una propuesta de mínimos”

La responsable de Turismo también se refería a otras cuestiones que aún están abiertas y sin regular, como por ejemplo la definición de la vivienda turística. Esta definición corresponde a las comunidades autónomas, explicaba Oliver, que son las que tienen competencias en ordenación turística, pero el Gobierno va a hacer su propia propuesta, aún en definición. “El Gobierno no va a decir si se puede alquilar una vivienda entera o por habitaciones, pero haremos una propuesta de mínimos”, añadía.

“El Gobierno del Estado no va a entrar en ninguna competencia de ninguna comunidad autónoma. No va a haber una armonización”, recalcaba. Por otro lado, el gobierno de España propone ajustar la  definición de arrendamiento de temporada para excluir de la Ley de Arrendamientos Urbanos la vivienda turística, como anunciaba el pasado mes de julio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

 

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